240 islas mexicanas en peligro por falta de registro oficial

Peligran 240 islas mexicanas por falta de registro oficial, denuncia senador de AN

Buscan apropiárselas gobernadores y empresarios; varios casos en Baja California Sur

Recuerda el legislador la pérdida de la Clipperton ante Francia y la desaparición de la Bermeja

Andrea Becerril
Periódico La Jornada

México posee unas 240 islas, una riqueza natural que no ha sido explorada, de la que ni siquiera se cuenta con un registro puntual, lo que permitió la pérdida de la isla Clipperton, tras un fallido litigio con Francia, la extraña desaparición de la Bermeja, en la rica zona petrolera del Golfo y los intentos de particulares de quedarse con porciones insulares, como sucedió recientemente con el empresario Gastón Alegre López.

El también político y ex legislador se apropió de la isla Tizikipal, también conocida como Tizipal o Ziquipal, ubicada frente a Quintana Roo, pero el Estado mexicano la recuperó, tras una batalla legal, en la que la Suprema Corte le dio al final la razón.

Sin embargo, muchas más pueden estar en manos de particulares, aunque con ello se viole la Constitución, advirtió el senador del PAN Luis Alberto Coppola Joffroy, quien desde 2007 ha insistido en que el Congreso intervenga y por principio, pida al gobierno federal elaborar un catálogo general del territorio insular mexicano, y remitir a ese órgano legislativo un informe sobre la situación jurídica de cada isla.

Coppola denunció que, a pesar de ser de jurisdicción federal, algunos gobiernos estatales y municipales pretenden administrar y hasta vender islas que se encuentran en sus litorales. Por ejemplo, el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, quien el pasado 27 de octubre pidió al Congreso local que le autorice a promocionar, licitar y en su caso, enajenar, a título oneroso, una fracción del predio Punta Belcher, en la isla Bahía Magdalena, frente al municipio de Comundú.

En enero de 2008, el entonces presidente de esa localidad, Marcos Covarrubias Villaseñor, pretendió depositar Bahía Magdalena como garantía para lograr un empréstito, lo que fue una aberración jurídica, ya que las islas son exclusivamente de administración federal, no estatal y mucho menos municipal.

Explicó que el artículo 48 constitucional dice que las islas dependen de la Federación, excepto las que hasta la fecha de la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1917, hayan ejercido su jurisdicción los estados.

Ello significa, detalló, que los estados costeros que pretenden retener alguna isla, deberán demostrar que, además de contemplarlas en su legislación, han aplicado el derecho local en los territorios insulares. La única que tiene ese estatuto jurídico es la isla del Carmen, Campeche, mismo que le concedió en abril de 1863 el entonces presidente Benito Juárez.

No es el caso, insistió, de Bahía Magdalena, pues en 1917 Baja California Sur no era aún estado de la República, por ello el gobernador Agúndez no tiene facultades para pedir que se le permita enajenar una porción de la misma.

Hay versiones, dijo, de que varias de las islas en los litorales de esa entidad se han privatizado. Incluso,