Amy Goodman, Democracy Now
La crisis financiera en la que se encuentra sumido Estados Unidos produjo que algunos de los bancos y compañías aseguradoras más importantes suplicaran al gobierno que realice un enorme desembolso de dinero para sacarlos de la crisis. Las industrias banquera, financiera, de inversiones y aseguradora, durante mucho tiempo acérrimos enemigos de los impuestos, ahora necesitan dinero de los contribuyentes de la clase trabajadora para mantenerse a flote. Los contribuyentes deberían estar al mando, entonces. En lugar de ello, los ricos, los reguladores y aquellos a los que los reguladores no han sido capaces de regular toman decisiones a puertas cerradas, que pesarán sobre la población durante décadas.
El martes, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron una costosa operación de rescate financiero de 85 mil millones de dólares para salvar a la gigante de los seguros AIG. Este acontecimiento ocurre justo después de la repentina bancarrota de Lehman Brothers, el banco de inversión de 158 años de antigüedad; la angustiosa venta de Merrill Lynch a Bank of America; el rescate financiero de Fannie Mae y Freddie Mac; la quiebra del banco minorista IndyMac; y la compra de Bear Stearns por parte de JPMorgan Chase, que cuenta con garantía del gobierno federal. Con 103 mil empleados y más de un billón de dólares de activo, AIG fue considerada “demasiado grande para dejarla quebrar”. Según los reguladores, una quiebra sin control podría provocar una inestabilidad financiera global. Los contribuyentes estadunidenses ahora son dueños de casi 80 por ciento de AIG, así que, en teoría, la venta controlada de AIG permitirá a esos contribuyentes recuperar su dinero. Pero no es tan sencillo.
La crisis financiera posiblemente se profundizará. Más bancos e instituciones financieras podrían quebrar. Millones de personas compraron sus viviendas con las turbias hipotecas de alto riesgo y ya han perdido sus casas o las perderán pronto. Las financieras incluyeron estas hipotecas en complejos “bonos hipotecarios” y otros planes de inversión derivados. Los inversores se lanzaron a comprar salvajemente estos derivados con más y más dinero prestado.
Nomi Prins ha estado al frente del grupo de analistas europeos de Bear Stearns y trabajó para Lehman Brothers. “AIG no operaba solamente como una empresa de seguros,” me dijo. “Funcionaba como un banco de inversiones especulativas, de inversiones de alto riesgo, igual que Bear Stearns, igual que Lehman Brothers, así como también funcionará Bank of America/Merrill Lynch. Así que tenemos una situación en la que el gobierno de Estados Unidos asume el riesgo de unos instrumentos financieros que apenas comienza a entender.” Y continuó: “Se trata de tomar deuda en exceso, de abusar del apalancamiento y pedir dinero prestado para ir por más riesgo y volver a pedir más dinero, una y otra vez, de 25 a 30 veces el monto de capital propio… Necesariamente tenían que darle respaldo a los préstamos que estaban tomando… No había transparencia para la Reserva Federal, para la Comisión de Valores, para el Departamento del Tesoro o para cualquiera que se hubiera tomado la molestia de analizar la catástrofe que se estaba gestando, de modo que cuando alguna de las piezas cayera, ya fueran las hipotecas de alto riesgo o los créditos con garantías combinadas, todo estaría bajo una montaña gigantesca de préstamos entrelazados de manera incestuosa, y eso es lo que está derrumbando a todo el sistema bancario”.
Como estos especuladores de alto vuelo están perdiendo todo el dinero de sus bancos, toca al contribuyente acudir en su rescate. Michael Hudson, profesor de economía de la Universidad de Missouri, Kansas City, y asesor en temas económicos del representante Dennis Kucinich, opina que un uso más sensato del dinero sería “salvar a estos 4 millones de propietarios del incumplimiento del pago de sus hipotecas y de ser expulsados de sus hogares. A como están las cosas, los van a expulsar de las casas. Esas casas van a quedar vacías. Las ciudades van a perder impuestos a la propiedad y verse obligadas a recortar los gastos locales y reducir la infraestructura local. Se está sacrificando la economía en pos de pagarle a los especuladores”.
Prins siguió explicando: “Estamos nacionalizando la peor parte del sistema bancario… Estamos asumiendo riesgos que no podemos comprender. Así que es incluso más riesgoso”. Le pedí a Prins, a la luz de todas estas nacionalizaciones, que hablara sobre la posibilidad de nacionalizar el sistema de salud bajo la modalidad de un sistema de salud de pagador único. Me respondió: “Verdaderamente se podría destinar parte del dinero a este tema, adelantándose a un posible problema futuro, y ayudar a que la gente tenga asistencia médica”.
La debacle del sistema financiero es un asunto de ambos partidos. Ambos candidatos presidenciales, John McCain y Barack Obama, han recibido millones de dólares de estas mismas empresas que están quebrando y que se aprovechan de la asistencia gubernamental en beneficio propio. En 1999, el presidente Clinton y su secretario del Tesoro, Robert Rubin (ahora asesor en temas económicos de Obama), fueron los principales promotores de la derogación de la Ley Glass-Steagall, norma que fue aprobada en 1929 tras el comienzo de la Gran Depresión para ponerle freno a la especulación que condujo a semejante calamidad. En el Congreso, la derogación fue impulsada por el ex senador republicano Phil Gramm, uno de los ex principales asesores de McCain. Los políticos dependen demasiado de Wall Street como para poder hacer algo. La gente que los vota, y cuyos impuestos están siendo transferidos a estas financieras quebradas, deben mostrar su indignación y exigir que sus líderes pongan realmente “al país en primer lugar” y le den por fin lugar al “cambio”.
Denis Moynihan ha colaborado en esta columna.
© Amy Goodman
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