Posts tagged ‘hidroeléctrica’

03/12/2009

Más de 500 mil sin luz: Apagón en Hidalgo, Edo. Mex. y Puebla (actualizado con “sabotaje”)

por Pok

Más de 500 mil sin electricidad por un promedio de 8 horas

Actualizado: Fueron muchos más, se extendió al Estado de México y dicen que fue “sabotaje” cuando todo empezó el martes por un transformador de una subestación que no podían arreglar, hasta ayer que fue cuando por fin pudieron hacerlo y se conjunto con una falla en la planta de Necaxa ayer en la madrugada.

La zona de “sabotaje” esta muy poblada, las líneas van por la autopista México-Tulancingo, pegaditas a la carretera, además de tráfico hay vigilancia de patrullas municipales, estatales y de tránsito, (más información abajo)

Exceso en el uso???

El secretario de Gobernación del gobierno de Puebla, Mario Montero Serrano, explicó que según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estos percances se deben a que este mes se recargan excesivamente los generadores de electricidad. (pero no había esos apagones y menos por tanto tiempo con LyFC: PMNews)

Asimismo, el jefe del gabinete estatal, destacó que de acuerdo a la  información que proporciona la CFE a Gobernación, sí se le da mantenimiento a la planta generadora de energía instalada en Nuevo Necaxa, (verdad a medias, el mantenimiento se lo daban los trabajadores de LyFC, hacían maromas para que funcionara la planta, es antiquísima y el gobierno no destina lo necesario para modernizarla: PMNews) aunque ya se había previsto por parte del gerente de la CFE en Puebla, Mario Morales Vielmas, que se iba a presentar un problema de este tipo.

Actualizado:

Me envían datos de los municipios afectados en el apagón de hoy jueves que ocurrió de las 7 am a las 3 pm aproximadamente, el número de habitantes es tomado de INEGI

En los marcados en rojo me dicen que fue la totalidad o por lo menos un 70%, en los dos restantes fue de menos del 50% por lo que el apagón afecto a más de 100 mil personas por 8 horas este jueves.

008
Ahuazotepec, Puebla
9, 573
071
Huauchinango, Puebla
90, 846
091
Juan Galindo, Puebla
9, 616
100
Naupan, Puebla
9, 748
002
Acaxochitlán, Hidalgo
34, 892
83
Tlaola, Puebla
19, 010
197
Xicotepec, Puebla
71, 454
213
Zihuateutla, Puebla
12,227
TOTAL 257, 366

Mientras hago esta tabla me dicen que en Tulancingo, Hidalgo (está en la misma región) que tiene 130 mil habitantes también hubo falla eléctrica por varias horas pero no me precisan si fue en su totalidad o en que porcentaje, lo que hace aumentar la cantidad de afectados,

04 de diciembre: También se suman 45 mil de la zona de Teotihucán

04 de diciembre de 2009

Afecta apagón en la Sierra Norte de Puebla a medio millón de personas

Rechazaron que el SME boicotee las líneas eléctricas

Emplea CFE albañiles, campesinos y menores, asegura el SME

04 de diciembre: En el diario La Jornada se menciona hoy que fueron medio millón los afectados sólo en la Sierra Norte de Puebla, y si sumamos a los de Hidalgo y Estado de México serían más.

Una falla ocurrida la madrugada de ayer en la subestación eléctrica de El Salto, en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo, Puebla, provocó un

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21/11/2009

TeleSur entrevista a trabajadores de LyFC en las afueras de hidroeléctrica de Necaxa, Puebla

por Pok

En la cuna de la industria eléctrica en América Latina

Trabajadores de Luz y fuerza dan su testimonio ante las cámaras de TeleSur

La hidroeléctrica de Necaxa, de más de 100 años, la primera en América Latina:

Necaxa, la cuna de la generación de energía eléctrica en México podría convertirse en un pueblo fantasma, desplazado por

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12/11/2009

El pueblo de Necaxa se extingue con el decreto

por Pok

El pueblo de Necaxa fenece con la extinción de Luz y Fuerza

De 10 mil habitantes, 8 mil dependen de esa empresa

Caen las ventas y quienes adquirieron electrodomésticos los regresan

necaxa desolado

Trabajadores de Luz y Fuerza del Centro vigilan a la Policía Federal con el propósito de evitar saqueos en las instalaciones de la hidroeléctrica Necaxa, ubicada en el municipio Juan Galindo, Puebla. Foto Marco Peláez

Gustavo Castillo García Enviado Periódico La Jornada
Miércoles 11 de noviembre de 2009

Necaxa, Pue., 10 de noviembre. Desde hace 106 años los habitantes del municipio Juan Galindo vivían de la generación y distribución de electricidad. Aquí se construyó la primera planta hidroeléctrica de Latinoamérica, y sus piezas originales aún funcionan.

Pero desde hace dos semanas la incertidumbre invadió a los pobladores por los efectos del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Personas que recién adquirieron artículos para el hogar en abonos comenzaron a devolverlos; en una carnicería, en la que se vendían tres reses a la semana, hoy sólo se expende una y queda carne.

Aquí, los únicos trabajadores son electricistas, mil 700 en total: 800 en activo y 900 jubilados. Con sus ingresos sostienen la economía; con sus hijos y sus esposas suman 8 mil de los 10 mil habitantes de Juan Galindo.

La zona está enclavada en la sierra de Puebla. El municipio fue creado oficialmente en 1933, aunque desde 30 años antes se asentaron en la zona 6 mil personas para trabajar en la construcción y posterior operación del complejo hidroeléctrico Necaxa.

El municipio mide 44 kilómetros cuadrados; colinda con poblaciones como Canaritas, Tenango, San Miguel, Patoltecoya, Xicotepec y Papatlazolco.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 63 por ciento de la población tiene entre 15 y 64 años; 30, entre cero y 14, y el 8 por ciento restante más de 65 años.

Ochenta por ciento de la población vive en la zona urbana; el resto, en la rural, pero el valor de la producción agrícola en 2005 fue de cero pesos, según el Inegi.

Estadísticas oficiales señalan que hace cuatro años existían 2 mil 190 viviendas: 80 por ciento con agua potable y drenaje. A pesar de ser un pueblo donde se genera electricidad, 4 por ciento de los habitantes carece de ese servicio.

Hasta hace un mes la mayoría de niños y jóvenes de Juan Galindo aspiraban a ser electricistas; comenzar desde abajo, como sus padres, abuelos y bisabuelos, hasta alcanzar un puesto que les permitiera tener ingresos de entre mil 500 y 2 mil pesos o más a la semana, señaló Gregorio Vázquez, un jubilado que ingresó como peón y hoy, al igual que muchos trabajadores, dice que tuvo que estudiar y trabajar para mejorar sus ingresos, y cómo muchos de los que operaban la hidroeléctrica llegaron a realizar las tareas de un ingeniero en materia de mecánica, electrodinámica o torno, gracias a la práctica diaria.

El promedio escolar de la población es de tercero de secundaria; 14.6 por ciento es analfabeta. Hasta hace cuatro años, de cada cien niños que ingresaban a prescolar uno reprobaba; 9 por ciento de los de primaria no la terminaron; 10 de cada cien no concluyeron la secundaria, y 30 por ciento de los preparatorianos dejaron los estudios.

Debido a la crisis las participaciones presupuestarias se redujeron este año para el municipio: pasaron de 600 mil a 300 mil pesos anuales, y de ese monto hay que pagar salarios de los empleados del ayuntamiento y mantener los servicios; es muy difícil, señaló el alcalde Luis Gerardo Martínez Gómez.

Además, el decreto de extinción de LFC trajo consigo que los electricistas no tengan dinero y por eso no paguen impuestos. Para sortear la situación y mantener intacta la plantilla de empleados del ayuntamiento, todos nos bajamos el sueldo 20 por ciento, manifestó el presidente municipal.

Juan Carlos Sampayo, subsecretario del exterior del SME en la división Necaxa, mencionó que los electricistas cobraban cada martes o miércoles, por eso a partir del domingo 11 de octubre, fecha en que se anunció la extinción de LFC, ya no hubo dinero en esta población.

necaxa se extingue

A los pobladores del municipio Juan Galindo la orden presidencial de extinguir Luz y Fuerza del Centro los sumió en la zozobra, pues la mayoría de trabajadores son electricistas. En total son mil 700 –800 en activo y 900 jubilados– y sus ingresos mantienen la economía del lugar. La suspensión de pagos afecta a más de 8 mil personas. Las esposas apoyan con guardias frente a la hidroeléctrica. Foto Marco Peláez

Negocios sin ventas

Antes del conflicto en LFC, Fermín Salas Flores mataba tres cerdos cada semana; ahora, sólo uno cada siete días. Bajó el precio de sus productos: la maciza, de 45 a 35 pesos el kilo; la longaniza, de 60 a 50, para ver si se animan a comprar. La Pollería Dany ofrece maciza a 40 pesos kilo y surtida a 26. Hace dos semanas los precios eran de 45 y 33 pesos.

Norma García Ortiz y María Francisca Juliana, esposas de albañiles, indicaron que ahora sus maridos laboran sólo uno o dos días a la semana, no hay trabajo, no hay construcciones.

Tuvimos que bajar los precios de las reparaciones; la hora de Internet pasó de 12 a 8 pesos, y en cuanto a recargas de celular, antes las chicas de los bares venían y compraban diario una tarjeta de 100 pesos al menos, ahora sólo le ponen 20 o 30 pesos, y no diario, manifestó Alfredo Flores Martínez, dueño de un negocio de reparación de computadoras en el centro de Juan Galindo.

En la puerta de un consultorio médico está pegada una cartulina en la que se lee: En solidaridad con los trabajadores de Luz y Fuerza, descuentos de hasta el 50 por ciento en todos los servicios.

La mueblería Casa Ruan tiene 80 por ciento menos ventas, y de los electricistas, hay quienes ya han regresado televisores, estufas o refrigeradores.

El alcalde Luis Gerardo Martínez consideró que en caso de que no se resuelva la situación de los electricistas, una opción sería instalar atractivos con deportes acuáticos y ecoturismo, así como aprovechar que en una zona cercana conocida como Tenango, en 1956 se filmaron escenas de la película Tizoc, donde aún se conserva el árbol donde el indígena (Pedro Infante) colgaba pieles curtidas, y a un lado, una réplica de la casa de piedra que habría construido a la niña María (Félix).

25/11/2007

De Rebelión, México: Emigrantes, la APPO y la Parota

por Pok
El gobierno abandona a los emigrantes

Nydia Egremy
Contralínea

El gobierno de Felipe Calderón redujo considerablemente los recursos destinados al apoyo de migrantes mexicanos y suprimió la atención a los detenidos portadores de VIH/SIDA y tuberculosis en la frontera con Estados Unidos

 

La asistencia jurídica urgente a los mexicanos en el extranjero, así como la atención a repatriados y visitas a centros de detención migratoria, son los programas de ayuda a emigrantes que el gobierno redujo para este año, mientras que el apoyo a mexicanos con VIH/SIDA, simplemente desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio de 2007. Esa limitación de recursos orilla a los mexicanos en Estados Unidos a sufrir detenciones, maltrato o condenas a muerte por el sistema judicial de aquel país, estiman especialistas.

 

La asesoría y apoyos materiales que no llegarán a los mexicanos en Estados Unidos por esa decisión gubernamental son el Programa de Atención a Migrantes Detenidos por Vigilantes de la Frontera , que no recibió fondos para este año, en contraste con los 14.1 millones de pesos (mdp) que ejerció el año pasado; los programas de Atención a Repatriados y Visitas a Centros de Detención Migratoria (15 mdp en 2006) y el de Apoyo a Migrantes Mexicanos con VIH/SIDA y tuberculosis (30 mdp el año anterior). Ninguno se consideró en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 2007.

 

Los programas cuyos montos económicos se redujeron sustantivamente son el de Asesoría Jurídica Urgente para Mexicanos en el Extranjero, que en 2006 ejerció 45 millones de pesos y en 2007 sólo recibió 7 mdp. El de Defensa de Condenados a Muerte, que en 2006 recibió 15 mdp y este año sólo recibió 6 mdp; igual ocurrió con el de Repatriación a Personas Vulnerables, 15 mdp en 2006 y sólo 5.4 mdp en 2007. Este recorte también alcanzó al Programa de Consulado Móvil y Consulado sobre Ruedas, que en 2006 ejerció 25 mdp y bajó a 17.4 mdp para 2007.

 

De esa manera, el primer presupuesto de la administración de Felipe Calderón, cuyo monto estimado es de 2.26 billones de pesos, es decir casi 208 mil millones de dólares para 2007, sólo destinó mil 672 millones de pesos para financiar programas de atención a los emigrantes. El contraste entre esa suma y los casi 24 mil millones de dólares que los mexicanos en la Unión Americana enviaron a sus familias en México como remesas es enorme, señala el diputado emigrante por el Partido de la Revolución Democrática , José Jacques Medina.

 

Esa suma representa unos 152 millones de dólares, que equivalen al 0.6 por ciento de lo que ingresa al país por concepto de remesas, dice Jacques Medina, quien desde que se aprobó la medida, en diciembre pasado, rechazó esa reducción presupuestaria. Esa cantidad “está por debajo de lo que requerimos en 62 por ciento”, expresó al tiempo en que reiteró que la tendencia a la baja en esos programas se mantiene desde el PEF de 2006.

 

En contraste, Andrés Bermúdez, diputado emigrante por el partido Acción Nacional (PAN), respondió de esta manera a la medida: “Sí, se necesitan más recursos para algunos programas y se van a obtener, pero hay que entender que se trata de una cuestión política”. Bermúdez y Jacques Medina integran la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, cuya presidencia detenta el PAN.

 

El escenario antes descrito le sugiere a Javier Urbano, especialista de la Universidad Iberoamericana (UIA) en temas migratorios, que se trata de una “ineptitud absoluta; porque los encargados de los temas de la protección migratoria no tienen ni la más remota idea de lo que significa”. El académico subraya que, hasta ahora, el tema de la protección consular se ha abordado como un fin, no como una herramienta que debiera complementarse con la capacitación y asistencia de las comunidades de emigrantes mexicanos en Estados Unidos.

 

Agrega que no sólo se trata de asignar más recursos a la protección consular: “Ese es un discurso bastante atrasado. Se debe considerar la forma de aumentar las capacidades de la protección migratoria y cambiar los principios de ese concepto, que es muy limitado y reduce la responsabilidad de los burócratas de la diplomacia”. El investigador propone ampliar la visión de la asistencia consular sin limitarse sólo a la protección.

 

En su opinión, visión del gobierno mexicano es: “proteger es suficiente”; sin embargo, mientras que las zonas de asentamiento de emigrantes han cambiado, la ubicación de los consulados mexicanos permanece igual: “Eso me sugiere dos cosas: una, que muchos cónsules están nada más de turismo, y dos, que quienes realmente trabajan, de verdad hacen verdaderos apostolados”.

 

Para ser más eficaces, Urbano Reyes propone ampliar la cobertura de los consulados mexicanos. “Que tengan alcance en ciudades intermedias, como un consulado móvil permanente, donde no se mueva la oficina pero sí los funcionarios y que permanentemente estén presentes en rangos de tiempo”. Aunque parece claro que los recursos económicos sí interesan, “antes hay que ver para qué fines se destinan. Se debe trabajar para definir un aumento en los gastos de protección consular, pero también para aumentar su eficacia”.

 

El catedrático lamenta que la administración pública –“ésta y las anteriores”– se acerca poco a quienes trabajan en temas de migración. Esa lejanía da por resultado medidas que se adoptan “por sentires o por contentillo, y eso provoca irritación en quienes trabajamos los temas de migración, pues observamos políticas sumamente limitadas”, que van a contracorriente de las medidas que se deben adoptar por la importancia de los temas.

 

Sin diálogo

 

“Seguimos anquilosados en el esquema de los consulados tradicionales y no somos capaces de percibir que se está desviando y modificando el flujo migratorio hacia regiones en donde antes no veíamos a un solo mexicano. Tenemos que modificar la cartografía de la ubicación de los consulados”, destaca Ventura. Esa transformación contribuirá a elevar la eficacia de una gran parte de los funcionarios de consulados móviles.

 

Otra limitante en la protección consular es la falta de una política de vinculación con las comunidades de emigrantes. “Es preocupante porque no hemos logrado hacernos de un buen mecanismo de comunicación con ellas, y algunas han adquirido poder político”, señala el investigador, quien sugiere que esas agrupaciones serían gestoras e intermediarias de la asistencia de los consulados. Un ejemplo sería con las agrupaciones de indocumentados, que son los más vulnerables, y cuyas necesidades conocen bien las comunidades organizadas.

 

Subraya que tampoco se tiene una percepción real del valor de la comunidad ya organizada. Es decir, cómo pueden contribuir los clubes de zacatecanos, de oaxaqueños, o de poblanos a ampliar el trabajo consular hacia otros mexicanos en Estados Unidos. De qué manera ellos pueden ayudar a transformar la actividad de protección en una herramienta de asistencia.

 

Para Alejandro Anaya, coordinador del área de Estudios Internacionales de la UIA , se debe conocer la justificación del gobierno para la disminución en esa ayuda. “Es preciso conocer los recursos del Estado y, para medir su nivel de compromiso, sí se puede exigir la progresividad de los recursos disponibles, como plantean los lineamientos internacionales en materia de derechos económicos y sociales”.

 

Si el Estado carece de recursos, “no se le puede exigir mucho –plantea–; sin embargo, si no hay progresividad en la ayuda y, en cambio, hay regresión en los recursos para ese rubro habría que señalarlo y criticarlo muy fuertemente”.

 

Según Anaya, hay que tener cuidado al identificar los 24 mil millones de dólares que envían los emigrantes a México como recursos del país. “Ese dinero no pasa por sus manos, sino que se va a las familias, aunque cabe preguntarse: ¿cuánto ingresa al gobierno en términos de impuestos de esos 24 mil millones? Y de eso, ¿cuánto dedica éste a los emigrantes?

 

Se podría argumentar –indica– que la mayoría de ese ingreso va al consumo, que en muchos casos implica un Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si gran parte del consumo se dedica a bienes, ampliación de viviendas, equipos electrodomésticos, éste generaría impuestos, aunque es difícil medirlo, porque también se va para alimentos y medicinas que no tienen IVA.

 

Desde el 9 de octubre, Contralínea buscó conocer la versión de la cancillería sobre este recorte presupuestal, sin embargo, no obtuvo respuesta.

 

Transferencia récord de muertos

 

En materia migratoria el 2004 fue significativo e. El 26 de noviembre, al término de su participación en el Seminario ODCA-PAN América Latina 2025: Una Visión Humanitaria, Luis Ernesto Derbez respondió a una pregunta sobre el cierre de consulados previsto en caso de que el presupuesto así lo determinara.

 

“No sé, lo estamos revisando. Parte de la reunión de ayer con el secretario de Hacienda fue tener una idea muy clara del presupuesto que se presentó en la Cámara. Lo que sí le puedo decir es que, por definición, tendrá que ocurrir. Si nos rebajan esa cantidad, habrá que reducir los servicios humanos: protección consular, protección de nuestros conciudadanos, etcétera”.

 

Ahí comenzó la tendencia a la baja en los programas de ayuda, que se concretó en el presupuesto de 2006 y que, incluso en 2007, suprimió algunos más.

 

En diciembre de 2004, la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un “informe detallado” sobre los criterios para trasladar a México los cuerpos de los emigrantes e indocumentados fallecidos en Estados Unidos. La petición fue formulada a partir de un punto de acuerdo que propuso el legislador priísta Álvaro Burgos Barrera.

 

La respuesta de la cancillería carecía de un análisis sustancial: cada año traspasan la frontera entre México y Estados Unidos cerca de 8 mil cadáveres, pertenecientes a emigrantes e indocumentados, en lo que constituye el mayor movimiento internacional de restos humanos en el mundo.

 

La causa de muerte de la mayoría de esos mexicanos se atribuye a accidentes laborales, viales, deshidratación, hipotermia y enfermedades derivados del trabajo. Esta realidad, señaló Alberto Mijangos Sosa, promotor de los derechos de los emigrantes en Los Ángeles, California, se vinculan con la deficiente atención que reciben nuestros connacionales en los consulados para ser apoyados en la repatriación.

 

La reflexión del activista cobra importancia en virtud del recorte presupuestal para los programas de ayuda a las comunidades de emigrantes en Estados Unidos. Tan sólo en 2004, la cancillería ejerció un presupuesto de 120 millones de pesos destinados a servicios como la repatriación de cadáveres. En esa fecha, el costo anual estimado para repatriar los cuerpos de los emigrantes fallecidos en Estados Unidos ascendía a 60 millones de pesos. El valor unitario era de casi 35 mil pesos, de los cuales la familia eroga el 50 por ciento.

 

Sin embargo, recuerda Mijangos, siempre ha habido quejas de los padres y hermanos de los fallecidos, ya que la ayuda que brinda Relaciones Exteriores es discrecional “hay algunos cónsules que apoyan más, otros evalúan la situación familiar y la forma en que falleció la víctima; no hay una constante”.

 

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Acta de la tercera sesion estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

Rebelión

Saludos de organizaciones fraternas

Contando con la asistencia de 350 (trescientos cincuenta) delegados representantes de 38 (treinta y ocho) colectivos y organizaciones, 12 (doce) representaciones de municipios y comunidades, 12 (doce) colonias de la capital del estado, 27 (veintisiete) integrantes del Concejo Estatal de la APPO, 11 (once) representantes de prensa alternativa así como 29 (veintinueve) invitados nacionales y 5 (cinco) invitados internacionales se inician los trabajos formales de esta asamblea.

 

Seguido.- se forma la mesa de los debates con un representante de cada una de las organizaciones presentes quedando integrada por: Martimiano Galván, Rubén Valencia y Miguel Cruz Moreno como Presidente y Vicepresidentes; Gilberto Santiago, Gabriela Jiménez, José Juan Espinoza y Félix García como Secretarios; Efraín López, José Monjaráz, Andrés García Díaz y Odilón Lorenzo como escrutadores……….acto seguido se instala legalmente esta asamblea estatal siendo las 15:15 (quince horas con quince minutos) del día 17 (diescisiete) del mes de noviembre del año 2007 (dos mil siete).

 

El presidente de la mesa informa sobre el desarrollo de la siguiente etapa de análisis de la asamblea en tres mesas de trabajo: 1.- La situación actual a) internacional b)nacional c)estatal……2.- Balance de la APPO a) de la lucha, b) perspectivas………..3.- Derechos Humanos, invitándose a que los integrantes de las organizaciones se distribuyan equitativamente en las mesas ya mencionadas, se establece un receso para comida indicándose la reanudación de actividades en las mesas a partir de las 16:30 (dieciséis horas con treinta minutos)

 

Se reanudan los trabajos con la denuncia de los compañeros de CODECI acerca de la agresión que sufrieron por parte de la policía y autoridades de Tuxtepec, seguido, se realiza el homenaje de reconocimiento a los compañeros caídos durante la jornada de lucha del año 2006, en seguida se da la distribución y el trabajo en las tres mesas mencionadas.

 

Segundo día domingo 18 de noviembre del 2007

 

Se integran 6 (seis) delegados más y 8 (ocho) invitados, se hace un reconocimiento a los vecinos de las colonias: Figueroa, Buenos Aires y Eliseo Jiménez Ruíz, por sus aportaciones en alimentos para los asistentes a esta asamblea estatal.

 

Se reanudan las actividades para la culminación de los trabajos de las mesas reinstalándose la plenaria para análisis de las propuestas de mesas siendo las 15:15 (quince horas con quince minutos)

 

Se pasa a la presentación de los acuerdos de las diferentes mesas de trabajo, haciéndose las correcciones y los cambios inmediatos que dichos acuerdos requerían. (leer más)

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La APPO trata de volver a sus orígenes

Sergio de Castro Sánchez

Rebelión

Los pasados 17 y 18 de noviembre se celebró en la ciudad de Oaxaca la Tercera Asamblea Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en un clima de clara confrontación entre los diversos sectores que la componen.Esta nueva reunión del máximo órgano de decisión de la APPO se ha caracterizado por el intento de devolverle a la lógica de los principios que la vieron nacer. Según Rubén Valencia, miembro del Consejo Estatal, esta nueva reorganización debe partir del hecho de que “la APPO somos todos, que nos inspiramos en la comunalidad como forma de expresión de nuestros pueblos originarios; reconocer que la APPO no es el Consejo Estatal. Es junto a los pueblos y espacios como vamos a fortalecer este gran movimiento”. Se busca “caracterizar a la APPO como democrática y autonómica. Hay que construir la autonomía y el poder popular”. Y eso será posible “si el consejo se redefine como mandatados (como ya lo ha hecho) y no como dirigentes de las ‘masas’ como suelen algunos llamar al pueblo. Creo que si se respetan con toda claridad y lealtad los principios que hicieron constituir formalmente la APPO, esta tercera asamblea de la APPO contribuyó a que mas allá de los protagonistas la gente de base quiera seguir”.

A pesar de ello, o precisamente por ello, aquellas organizaciones que tomaron el camino de lo electoral en los pasados comicios celebrados en agosto y octubre al Congreso Estatal y a las Presidencias Municipales, prefirieron no acudir a una Asamblea en la que se reunieron 350 delegados, 38 de ellos en representación de organizaciones y 24 de colonias, municipios y comunidades, así como 27 integrantes de Consejo Estatal. Un número de participantes que puede parecer escaso a simple vista pero que tiene una lectura diferente si se tiene en cuenta la escasísima asistencia que desde hace meses presentan las reuniones del Consejo Estatal (máximo órgano directivo de la APPO compuesto por 260 miembros)

Para Valencia, “en las últimas fechas eran pocos los concejales y pocas las organizaciones que se reunían al interior del consejo estatal de la APPO. En esta ocasión y ante los errores del consejo se reconoció que si este era un movimiento de bases y no de líderes, se tenía que convocar a los pueblos en general a fortalecer el movimiento. En este sentido creo que el esfuerzo de distintos espacios de encontrarnos ahora legitima el esfuerzo”. La Asamblea recibió también el apoyo desde prisión de varios presos políticos del movimiento y contó con la presencia de Emeterio Merino, víctima de la violencia policial el pasado 16 de julio, que poco a poco se recupera de la paliza que por poco acaba con su vida.

Para Cástulo López, portavoz de la APPO, “los sectores que se opusieron a la realización de la Asamblea prefieren mantener la dispersión del movimiento porque a sus agendas particulares les conviene y es muy probable que ya establecieron negociación con el asesino de Ulises Ruiz”. Según el integrante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), “los falsos argumentos de los que pretenden invalidar la Tercera Asamblea porque la APPO está integrada por más de trescientas organizaciones, están fuera de lugar toda vez que en la conformación de la APPO, se sumaron ese número pero, a partir de la represión salvaje del gobierno federal y estatal, la participación ha venido en detrimento. Otras organizaciones negociaron cambiando la demanda política de la APPO por demandas económicas, otros regresaron a agendas propias de organización. En los últimos días se ha propiciado las reuniones de concejales no pasan de 30 pero que no cuentan con representatividad, razón que hizo necesaria la tercera asamblea para dotarle de representatividad y contenido”.

 

A pesar de ello, o precisamente por ello, aquellas organizaciones que tomaron el camino de lo electoral en los pasados comicios celebrados en agosto y octubre al Congreso Estatal y a las Presidencias Municipales, prefirieron no acudir a una Asamblea en la que se reunieron 350 delegados, 38 de ellos en representación de organizaciones y 24 de colonias, municipios y comunidades, así como 27 integrantes de Consejo Estatal. Un número de participantes que puede parecer escaso a simple vista pero que tiene una lectura diferente si se tiene en cuenta la escasísima asistencia que desde hace meses presentan las reuniones del Consejo Estatal (máximo órgano directivo de la APPO compuesto por 260 miembros)

 

Para Valencia, “en las últimas fechas eran pocos los concejales y pocas las organizaciones que se reunían al interior del consejo estatal de la APPO. En esta ocasión y ante los errores del consejo se reconoció que si este era un movimiento de bases y no de líderes, se tenía que convocar a los pueblos en general a fortalecer el movimiento. En este sentido creo que el esfuerzo de distintos espacios de encontrarnos ahora legitima el esfuerzo”. La Asamblea recibió también el apoyo desde prisión de varios presos político… (leer más)

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Avalando la ilegalidad del Proyecto Hidroeléctrico “La Parota”

Rodrigo Gutiérrez y Gerardo Pisarello

Rebelión

Ni las advertencias de la Comisión Mundial de Represas sobre el impacto negativo de este tipo de Megaproyectos en la vida y la salud de las personas y en el medio ambiente. Ni las Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas exigiendo, al menos, la consulta a las comunidades afectadas. Ni la autoridad de la propia Constitución mexicana, que garantiza, entre otros, el derecho de audiencia y al debido proceso. Ninguno de estos elementos ha pesado en la argumentación de la jueza que sobreseyó el amparo contra la construcción de la Presa La Parota, en el Estado de Guerrero.

 

Según la funcionaria judicial, el actual estado del proyecto no comporta la privación de tierras comunales ni afecta el derecho al uso de aguas de los habitantes de la zona. A lo sumo, existiría una suerte de expectativa de daño. Pero no un agravio directo que justifique la concesión del amparo.

 

Este tipo de razonamiento encierra una comprensión muy estrecha de la legalidad vigente y sienta un precedente negativo para casos similares que pudieran plantearse. La jueza parece sostener que como “todavía” no hay daño, la construcción de la Presa puede seguir adelante. Sin embargo, esto contradice de manera flagrante el “principio de precaución” en materia ambiental. Este principio, acuñado hace tiempo por el Derecho internacional, opera precisamente en aquellos casos en los que exista un riesgo grave para la salud pública o para el medio ambiente o en los que los datos científicos disponibles no permitan una determinación completa del riesgo. Dicho en otras palabras, se trata de un principio preventivo, que exige actuar antes de que el daño se produzca y no cuando éste sea irreparable.

 

Hoy existe un cierto consenso científico en que las Mega-Presas inciden de manera significativa en el calentamiento global, entrañan serios riesgos de inundaciones y afectan de forma grave e irreversible la función de los ríos en la reproducción de la vida y de los ecosistemas que se generan en torno a ellos. Se sabe, asimismo, que acarrean numerosas vulneraciones de derechos reconocidos en las constituciones estatales y en los Tratados internacionales: desde el derecho al territorio y a la propia cultura hasta el derecho a la salud, a la vivienda, o al desarrollo. (leer más)