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27/10/2008

Protestar es un derecho, reprimir es un delito

por Pok

Realizaron un mitin para repudiar la política que criminaliza la expresión social

Víctor Ballinas (La Jornada)

En el Ángel de la Independencia, decenas de integrantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y ambientalistas, así como ciudadanos independientes, realizaron ayer un mitin para denunciar la política gubernamental que criminaliza la protesta social, y ahí formaron un mensaje de 300 metros cuadrados, cuya consigna fue: “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”.

Las organizaciones sociales denunciaron que con “el argumento de que es necesario detener la inseguridad y la violencia que prevalecen en el país, legisladores y autoridades de todos los niveles están intentando establecer mecanismos legales para criminalizar aún más las protestas ciudadanas”.

Detallaron que “criminalizar la protesta consiste en penalizar a través de la vía judicial los conflictos sociales, dejando de lado el diálogo y la política. Perseguir a quienes participan en movimientos sociales, defienden el medio ambiente o hacen públicos los abusos de las policías y las arbitrariedades de los gobiernos no va a resolver los problemas del país. Tampoco va a silenciar a estos movimientos, aunque el gobierno lo pretenda”.

El derecho a disentir

Los dirigentes de organizaciones como Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Greenpeace, reivindicaron el derecho a disentir, a ser oposición, a ejercer la desobediencia civil y a ocupar las calles como espacio para la protesta y el debate de los problemas sociales.

El presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, hizo un llamado público a los legisladores para que “revisen con cuidado las iniciativas de reforma en materia de justicia que les envió el presidente Felipe Calderón, porque esas reformas a la Procuraduría General de la República y a la ley de la policía federal son violatorias del artículo 21 de la Constitución y con ellas se crean las condiciones ‘legales’ para violar los derechos humanos.

“Son dos iniciativas que están en contra de lo que establece el diagnóstico elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se precisa qué policía debe prevenir los delitos y cuál debe investigar. Con estas reformas propuestas se transformaría a los jueces en ventanillas para recibir denuncias y hacer la consignación.”

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de Todos los Derechos para Todos, dijo que las organizaciones sociales y civiles buscarán una reunión con las mesas directivas de ambas cámaras legislativas para exponerles la situación y manifestarles su preocupación por esas reformas.

Tanto Miguel Concha Malo como Edgar Cortez destacaron: “Nos vamos a dedicar en los siguientes días a buscar los artículos de las reformas en materia de justicia y penal que violen los derechos humanos, para señalárselos a los diputados y senadores y hacerlos públicos. Son muchos, y se prepara el terreno para que se incremente la violación a esas garantías”, apuntaron.

En el mitin, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, ex dirigente del Frente por la Defensa de la Tierra, demandó la liberación de los detenidos a raíz del conflicto en San Salvador Atenco, en 2006, entre ellos su marido, al que le impusieron 112 años de cárcel “por ser un líder honesto y que defendía los derechos de la población”.

Agregó: “Hoy estamos aquí porque somos parte de esta campaña de defender la protesta como un derecho, la estamos apoyando y vamos a luchar por ella”.

También estuvo presente Claudia Ordóñez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan, en Guerrero, quien resaltó que en los últimos tres años, con el gobierno de Zeferino Torreblanca, “tenemos 201 procesos judiciales abiertos contra indígenas, profesores y defensores de los derechos humanos. Ésta es una de las regiones más pobres del país, donde la población se ha organizado para defender sus derechos, como los de contar con agua, servicios, salud o económicos, entre muchos otros”.