Desde que se planteaba y hasta hoy que se aprobó la ley de seguridad interior, la mayoría de organizaciones sociales así como organismos de Derechos Humanos como el de la ONU y otros, nacionales e internacionales, han venido pedido que no se implemente está ley que da, de facto, impunidad al ejército y marina de México, en su supuesta lucha contra el narco, que ha dejado decenas de miles de desaparecidos, asesinados, torturados y otros delitos cometidos por los militares y marinos y, que ahora no serán perseguidos por la ley ya que ésta les da amnistía anticipada, lo que augura incremento de estos atropellos por parte de las instituciones castrenses.
Además de que se le considera «ley golpista» porque muchos miembros y simpatizantes de partidos de oposición, especialmente de centro-izquierda (Morena, PT) prevén que, con los militares amparados en esta ley, se les usará para imponer al candidato del sistema, ya sea del PRI o del PAN:
La #LeyDeSeguridadInterior reduce control de Fuerzas Armadas, garantiza impunidad y permite acciones represivas. En 2007, los militares salieron a las calles y el resultado ha sido 150 mil muertes, 30 mil desaparecidos y miles de desplazados. Vía @teleSURtv #SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/tkp5eNNW8t
— ONEA México (@oneamexico) 16 de diciembre de 2017
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