La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que entre los años 2012 y 2016 se ha detectado un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos mediante la figura que permite la contratación entre dos dependencias gubernamentales, con el propósito de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público y así facilitar la entrega de recursos públicos a una tercera empresa privada que no es supervisada. (Leer más en Aristegui Noticias)
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Bajo la dirección de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó operaciones que “simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con