La ultraderecha va contra el movimiento de Sicilia

por Pok

Por Álvaro Delgado (Proceso)

La cooptación, domesticación y amordazamiento de las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes, por la vía de la transferencia de los recursos públicos y el reparto de cargos, es una práctica común en México, afirma el activista Eduardo Gallo, expresidente de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

El objetivo es claro: desnaturalizar las organizaciones cívicas para neutralizar el rechazo a las estrategias oficiales, como la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que sea menos sonoro el clamor social de seguridad, justicia y paz.

“Pero esto se da no sólo con dinero, sino con otras maneras: invitaciones a reuniones, eventos, comidas y cenas en las que es posible codearse con altos miembros del poder público, con el secretario de Gobernación o el procurador, que dan rápidamente un cita. Esto es muy seductor para quienes se marean al subirse a un ladrillo y desgraciadamente le ocurre a la mayoría.”

A Gallo –quien dice haber renunciado a MUCD por falta de transparencia y rendición de cuentas en ese organismo y por no canjear independencia por recursos públicos– le consta cómo los políticos buscan mediatizar la acción ciudadana también con el ofrecimiento de cargos y candidaturas.

No es sólo el caso de Elena Herrejón, presidenta de la organización Provecino, quien en 2006 fue candidata a senadora por Nueva Alianza (Panal, el partido de Elba Esther Gordillo), sino la propia experiencia de Gallo: el Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció, también ese año, ser candidato a delegado y diputado local en la capital del país.

–¿De quién fue la invitación?

–Del entonces presidente del partido, Manuel Espino, a quien aprecio como persona pero a quien le dije que no me interesaba. Me insistió: “¿Qué te parece diputado federal por Morelos?”. “Manuel”, le respondí, “¿qué parte no me has entendido? Mi vida no va en esa dirección”.

Gallo, a quien Convergencia le hizo también una oferta, recuerda cómo en 1998 un hijo de María Elena Morera, expresidenta de MUCD y quien ahora encabeza Causa Común, se convirtió en asesor del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por ello él se distanció temporalmente de esa organización.

“Son formas diferentes con las que los políticos buscan consentir a los integrantes de la sociedad civil, cooptarlos o cuando menos jalar sus voluntades para que haya buena disposición en disculpar los actos equivocados o la no acción en algún área que pudiera ser criticada ante la opinión pública. Son formas que se siguen por todos lados.”

Tras una década de participar en el activismo cívico, a raíz del secuestro y asesinato de su hija Paola en Morelos, en junio de 2000 –cuya investigación asumió personalmente por la incompetencia de las autoridades–, afirma que la cooptación de organizaciones no se ha dado sólo en el gobierno de Calderón, sino desde el sexenio de Vicente Fox, cuyo secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, lo hizo tras la multitudinaria marcha contra la delincuencia del 27 de junio 2004.

Recuerda cómo Fox se comprometió a crear un observatorio ciudadano para evaluar la acción gubernamental, pero Martín Huerta ofreció solamente crear un consejo de participación ciudadana. “A veces el presidente promete cosas que no puede cumplir”, le dijo a Gallo en una reunión.

Ante el reclamo del activista de que Fox mintió, el funcionario dijo que interpretara como quisiera. “Lo tomo como que todo esto es una farsa y frente a una farsa lo que te digo es: chinga tu madre. No estamos para que jueguen con nosotros. A los ciudadanos se les respeta”.

Indiferente al reclamo del activista, Martín Huerta lanzó el anzuelo: “Les vamos a asignar recursos a cada una de las organizaciones para que puedan elaborar sus programas, sus trípticos y puedan llegar a la comunidad”.

Gallo, quien tiene fama de claridoso, subraya: “Fue así como de manera directa, precisa y específica se buscó cooptar a las organizaciones ciudadanas que habían participado en la organización de la marcha (de 2004) ofreciéndoles dinero”.

El Yunque otra vez

En ese entonces las organizaciones que convalidaron la decisión del gobierno de Fox fueron, entre otras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida entonces por Jorge Espina Reyes; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por Guillermo Bustamante, y el Consejo Ciudadano de Justicia Penal, liderada por José Antonio Ortega Sánchez.

Son los mismos organismos bajo el control de la organización ultraderechista El Yunque que el pasado lunes 2 repudiaron la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que el jueves 5 salió de Cuernavaca y llegará a la Ciudad de México el domingo 8, encabezada por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado junto con otros seis jóvenes.

“Denunciamos la manipulación del repudio a la violencia, a quienes pretenden manipular el repudio a la violencia para generar un movimiento sociopolítico demoledor de la institución presidencial, con odio al Ejército, que puede inducir a pactar con los criminales, entregando como botín a nuestras familias”, afirmaron organizaciones encabezadas por Ortega Sánchez.

“La marcha convocada por Javier Sicilia, cuyo dolor todos comprendemos, al parecer con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y algunos medios de comunicación, puede ser la mayor manipulación política de la violencia e inseguridad para atacar al presidente Felipe Calderón y responsabilizar a los militares”, insistió Ortega Sánchez, quien censuró la participación de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Marcos, con su dinero sucio salido de secuestros, extorsiones y asesinatos, se suma a la ‘caravana por la paz’, para marchar tomado de las manos con quienes claman ‘¡Basta de sangre!’ y le reclaman al presidente haber molestado a los pobres narcos. ¿Buscan estos señores el fin de la violencia? ¡Por supuesto que no! La violencia es un mero pretexto. Su negocio no es la paz, no es la seguridad pública. Su negocio es el mismo viejo, sucio y totalitario afán de la revolución socialista”, escribió el abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez.

Gallo conoce bien a Ortega Sánchez y a Guillermo Velasco Arzac, presidente de Coordinadora Ciudadana y jerarca de El Yunque, quienes respaldan decisiones del gobierno desde Fox. Son parte de “un grupo que, definitivamente, no trabaja con otro interés que no sea el dinero”, y ambos, aseguró, “viven de eso” (Proceso 1463).

Pero la cooptación de organizaciones sociales que con Fox inició Martín Huerta ha escalado con Calderón –cuya espiral de violencia ha cobrado la vida de aproximadamente 40 mil personas y el propio PAN reconoce 103 mil asesinatos en una década– mediante recursos públicos y mecanismos de persuasión.

Desde el poder público, afirma, también se busca dividir a los ciudadanos agraviados, como las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños. “Los padres de familia fueron divididos por el gobierno del estado. A algunos se les han dado recursos para que ya no haya ruido, y los que no han aceptado son los que siguen luchando por que haya justicia”.

También existe la otra cara de la moneda, dice: “Así como hay quienes se dejan cooptar, hay quienes no tenemos precio y actuamos con base en principios y convicciones. Ojalá no hubiera nunca alguien que se dejara cooptar, pero es una debilidad humana a la que muchas personas sucumben”.

Gallo afirma que el gobierno busca hacer que las organizaciones ciudadanas dependan económicamente del Estado para despojarlas de su independencia, pero también controlarlas para que lo respalden en lo que le interesa.

“Por ejemplo, cuando el presidente de la República dice que los gobiernos de los estados no cooperan, de repente líderes de organizaciones se lanzan a la cargada contra los gobernadores que no han construido policías certificadas, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco está certificados a todos, porque está atrasado ese programa.”

Explica: “Salen a criticar a los gobiernos de los estados porque no tienen los penales adecuados, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco ha cumplido con eso. Avientan la pedrada para otro lado para no confrontarse”.

Cauteloso pero firme, Gallo reconoce que existe cercanía de Calderón con Isabel Miranda, madre de Luis Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en julio de 2005, y con Alejandro Martí, padre del niño asesinado en 2008.

“Así es. Cuando vas creciendo en peso como organización de la sociedad civil, entonces evidentemente el gobierno busca tenerte cercano precisamente para evitar que con ese peso que vas adquiriendo puedas generarle un problema, como señalar algo que cause un impacto en la sociedad. Y entonces te llaman, te buscan, tienes reuniones para oír tu opinión, una junta no empieza a tiempo porque no has llegado y te esperan.”

Artículo completo en Revista Proceso

2 comentarios to “La ultraderecha va contra el movimiento de Sicilia”

  1. A los organismos que aglutinan a ciudadanos en busca de soluciones a problemas ingentes como el de la inseguridad creciente, pobreza extrema, salud pública, educación y protección ambiental; siempre se ha intentado controlarlos desde el poder público.
    Ocurrió en tiempos de Salinas de Gortari, pues en 1997 se organizó una reunión en el Hotel Camino Real para plantear a organizaciones civiles la posibilidad de recibir algún tipo de subsidio, quizás a través de la Secretaría de Gobernación.
    El promotor fue José Parcero López y lo acommpañó en la presentación la comediante Carmen Salinas, entonces su pareja. Asistieron representantes de organizaciones civiles de distinta tendencia política e intereses diversos, y ya se notaba desde entonces la intención gubernamental de controlar a quienes diferían de la línea marcada desde el oficialismo.
    Pero a partir de 1998-99, surgieron organismos de extrema derecha para capitalizar el descontento popular, entre esas aparecieron “México Unido Contra la Delincuencia” con Guillermo Velazco Arzac a la cabeza, otro organismo semejante es “Iluminemos México”.
    Quienes militan en esos grupos, representan a la ultraderecha de El Yunque, y una organización fascistoide que tiene su sede en Paraguay, se llama “Tradición, Familia y Propiedad”. “México Unido Contra la Delincuencia” tenía como propósito privatizar los servicios de seguridad en el país y al no conseguirlo sus actividades tomaron un giro distinto.
    Por eso es natural que se opongan a movilizaciones como la que hizo el poeta Javier Sicilia, pero se equivocan quienes dicen que este tipo de movimientos “no deben politizarse”, si es justamente por las malas políticas públicas que los ciudadanos buscan una cierta autonomía que les permita dar curso a sus protestas. Pero aún así, los ciudadanos en general deben estar en alerta ante las protestas de quienes después de todo representan oscuros intereses que han dañado a nuestro querido país.

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