El problema de raíz respecto de la violación del derecho a la información y a la libre expresión…

por Pok

La transformación de un derecho inalienable en mercancía

Por Patricia Barba Ávila*

La historia del desarrollo de las comunidades humanas alrededor del mundo, ha demostrado la indiscutible importancia que la comunicación ha tenido en la convivencia social en las distintas épocas y regiones de nuestro planeta, desde la emergencia de nuestra especie hace millones de años, cuando la necesidad de sobrevivir en un entorno extremadamente difícil fue uno de los factores determinantes en el paulatino perfeccionamiento de la capacidad del lenguaje en el Homo sapiens.

En virtud de lo anterior, la facultad de transmitir información precisa, apegada a los hechos y tan objetiva como sea posible se transforma en un derecho fundamental y, por ende, inalienable no sólo para el proceso de crecimiento individual y social, sino para la consecución de metas que tiendan a un continuo progreso de los pueblos y su sana relación con el entorno y, sobre todo, para la misma sobrevivencia de la humanidad.

Sin embargo, hemos constatado cómo, en el devenir histórico, se han registrado casos paradigmáticos del uso de la exclusividad de la información con el fin de mantener el statu quo de las clases privilegiadas tanto en reinos e imperios de la antigüedad –en los que se castigaba incluso con la pena de muerte a quien se atreviera a leer o escribir o a enseñar a hacerlo a miembros de la «plebe»– como en los regímenes políticos actuales.  Y por ello hemos atestiguado cómo, pese a los avances tecnológicos y científicos ocurridos a través del tiempo, nada ha cambiado y las élites en el poder han empleado la posesión de la información como herramienta de dominio sobre extensos conglomerados humanos.

En consecuencia, el derecho de escribir, imprimir y divulgar datos de obligado conocimiento de la sociedad, ha sido transformado en una actividad mercantil mediante la cual no sólo se ha mantenido subyugados a sectores amplios de las distintas poblaciones en el mundo, sino que se ha enriquecido hasta la náusea la oligarquía que controla el quehacer de periodistas, escritores, maestros y todo aquél que actúe dentro del ámbito de la información escrita o electrónica.

Sin importar en lo absoluto que estos dos derechos –el de informar y el de ser informado– estén garantizados en distintas constituciones políticas como es el caso de la mexicana (artículos 6° y 7°), por décadas, el quehacer periodístico se ha visto sometido a las presiones de los que se han adueñado del espectro radioeléctrico –propiedad de la Nación de acuerdo con el Art. 27 de la Carta Magna– precisamente porque en lugar de brindarse a la sociedad como un servicio indispensable para su desarrollo, la información se le vende y, por otra parte, los periodistas dependen de un salario determinado por empresarios de la comunicación, para poder subsistir.

En un estado ideal, dentro del contrato social establecido entre gobierno y ciudadanía, una de las reglas consiste en pagar impuestos a un grupo de administradores elegidos por los contratantes –el pueblo– con el fin de garantizar la entrega de servicios fundamentales para el sano y continuo desarrollo de los habitantes de un país, como son: educación, vivienda, empleo y, por supuesto, la difusión de información sobre los eventos, actividades y decisiones que servirían a la ciudadanía para su participación activa en el quehacer político. Sin embargo, no sólo tenemos que pagar doble –considerando que ya aportamos nuestros dineros para ello– por la instrucción académica, sino que, por una parte, los contribuyentes nos hemos visto privados del derecho a ser informados, y, por la otra, aquellos capacitados para comunicar en cualquiera de sus modalidades, trabajan con la Espada de Damocles sobre su cabeza.

Esta circunstancia ha sido, entre otras, la que ha dado pie a acciones represivas por parte de la oligarquía en contra de periodistas como Julio Scherer García, José Gutiérrez Vivó, Lydia Cacho, Anabel Hernández y Carmen Aristegui, entre much@s otr@s que, a diferencia de otros colegas, se han opuesto con dignidad a renunciar a sus principios ante las presiones a las que se han visto sujetos por los empresarios de la comunicación.

La frase «información es poder» es tan vigente hoy como lo ha sido siempre y, por ello, hasta tanto los pueblos no obtengan el control sobre los medios de comunicación –llámense sistema educativo, quehacer periodístico escrito o electrónico–, en cumplimiento de lo estipulado por la Constitución Mexicana (Art. 39), no podrán ejercer el control sobre su propio destino o, lo que es lo mismo, la auténtica democracia (demos=pueblo; cratos=poder).


Patricia Barba Avila*
Consejo Nacional de Comunicadores Ciudadanos, A.C. (CONACC)
Titular del programa Desde la raíz transmitido por Radio La Nueva República todos los lunes de las 22 a las 24 hrs y los miércoles de las 21 a las 22 hrs (hora del Centro) en: http://larnr.org
Miembro del Tribunal Internacional de Conciencia (TIC) – Foro Social Mundial (FSM)

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