Pactos con el narco para control social y el asesinato de Beltrán Leyva

por Pok

Limpieza ruda

Carlos Fazio / La Jornada

La ejecución de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, a finales de diciembre, marcó un punto de inflexión en la guerra reguladora sin fin que envuelve al Estado mexicano y a los cárteles de la economía criminal. Beltrán Leyva no podía quedar vivo. Sabía mucho. Como pocas veces antes habían quedado exhibidas nuevas modalidades de la compleja maquinaria integral que abarcan los distintos giros de la economía criminal –indisolublemente atada a la economía legal– y sus vastas redes de protección. Por eso había que silenciarlo. Además, los 62 balazos que recibió y la decoración funeraria que profanó su cuerpo llevan implícito el mensaje de que se trató de una muerte con valor ejemplarizante, al margen de la ley.Investigaciones judiciales filtradas a los medios revelan que el cártel del Pacífico había penetrado los círculos de inteligencia de los aparatos de seguridad del Estado –incluidas la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional– y establecido pactos de tipo delincuencial y mafioso con funcionarios de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en varias entidades.

Según datos de la PGR y la Armada, el capo contaba en Morelos con la colaboración delictuosa de un coronel y dos mayores (presuntamente miembros de la sección segunda) adscritos a la 24 zona militar, con sede en Cuernavaca. Incluso se manejó que el día de su ejecución había acordado comer con el general Leopoldo Díaz Pérez, jefe de esa plaza, quien a finales de los años 90 destacó como mando del Agrupamiento Chiapas, grupo de elite del Ejército encargado de la guerra contrainsurgente contra el EZLN. Las investigaciones señalan que el cártel de Beltrán Leyva también tenía infiltradas la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del estado, entre cuyos mandos se encuentran un coronel y seis generales (varios retirados).

Asimismo la PGR ha recabado indicios de que el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, del Partido Acción Nacional (PAN), pudiera estar implicado en la red de protección de los hermanos Beltrán Leyva. Dos integrantes del círculo íntimo del gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el procurador fueron acusados y cesados por proteger al cártel, y en fecha reciente la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reveló la existencia de una investigación contra dos de los escoltas de la guardia de Adame.

Un aspecto poco visibilizado, que podría formar parte de un nuevo patrón operativo en la guerra reguladora de la economía criminal con participación estatal y ramificaciones a escala nacional, era la existencia en Morelos de un grupo de limpieza social, cuya actuación había sido pactada entre Beltrán Leyva y autoridades locales. Según el expediente PGR/SIEDO/UEIDICS/-16672009, la misión del comando de limpieza era exterminar secuestradores, violadores, ladrones comunes, robacoches, asaltacasas y comercios, para no calentar la plaza y presentar a Morelos como un estado seguro, lo que a su vez permitía el tráfico y la distribución de drogas.

La ruptura de la “narcoseguridad” concesionada al ex capo en Morelos quedó evidenciada, además, en una manta colocada en la colonia La Lagunilla, en Cuernavaca, un par de días después de la ejecución de Beltrán Leyva, donde se advertía: “Eso no es ni el comienzo de la guerra (…) aparte de que les estábamos ayudando a combatir la delincuencia en Morelos, cometieron un gravísimo error al meterse con LA EMPRESA”.

¿Cuáles fueron las correas de transmisión institucionales de las órdenes de pactar con delincuentes? ¿Incluía al gobernador y a los mandos militares del Ejército y la policía en la entidad? ¿A alguien más arriba a nivel federal? ¿Qué llevó a la ruptura de la pax narca? ¿Por qué el ni tregua ni cuartel de la consigna guerrerista presidencial no ha afectado a ningún alcalde panista de Morelos, a diferencia del Operativo Michoacán, donde la represión antidrogas estuvo dirigida contra funcionarios municipales y estatales pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática? ¿No fue por la enorme cadena de corrupción en Morelos que la DEA y Washington presionaron a Felipe Calderón para que fuera un grupo de elite de la Marina, entrenado por el Pentágono, el que llevara a cabo el operativo en Cuernavaca?

Llama la atención que las primeras noticias sobre la existencia de grupos de exterminio o limpieza social bajo el calderonismo, surgiera en otro municipio gobernado por Acción Nacional: el de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, donde el alcalde Mauricio Fernández Garza, uno de los hijos fundacionales del partido blanquiazul, había consensuado, precisamente con los Beltrán Leyva, su plan de seguridad pública. Los equipos de limpieza y trabajo rudo de Mauricio Fernández, nueva versión vernácula del narcoparamilitarismo a la colombiana, despertaron polémica y alarma en las buenas conciencias en noviembre pasado, cuando entraron en acción el mismo día de su toma de posesión.

Se obvió entonces y se obvia ahora que históricamente los grupos paramilitares, al estilo de los halcones y la Brigada Blanca en el México de la guerra sucia de los años 70, nacen patrocinados por sectores del gran capital y estrechamente vinculados con la estructura policiaco-militar del Estado, y suelen ser refuncionalizados en la lucha contrainsurgente contra organizaciones populares. Lo paradójico, ahora, es que la muerte de Beltrán Leyva y el golpe a su cártel no termina con el problema, ya que el modelo forma parte de una guerra irregular que incluye además, como está ampliamente documentado en nuestros días, el uso de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos con fines de control social.

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