Presos Políticos entre torturas e invisibilización

por Pok

Presos Políticos entre torturas e invisibilización: ‘delito de rebelión’ por oponerse al monopolio capitalista

Por Azalea Robles

En Colombia hay miles de hombres y mujeres condenados por el “delito de rebelión” –tipificado en el mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo”, una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le incomode al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial. También es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar el sol con un dedo.

La existencia de miles de presos políticos es testimonio de la guerra represiva desatada por el estado colombiano contra la reivindicación social; por lo tanto exigir la libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social.

En Colombia el capitalismo se expresa al paroxismo: el terror correlativo al saqueo de los recursos para beneficio del gran capital se aplica de la manera más descarnada contra la población, con la finalidad de desplazar ingentes cantidades de personas de las zonas codiciadas, y de eliminar reivindicaciones. Hay más de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras en Colombia, multinacionales y latifundio acaparan las tierras robadas, y hoy legalizan títulos de propiedad en base a astutos malabarismos amparados por la Ley Santista relativa a la tierra, que como bien denuncian las comunidades: legaliza el despojo. En tiempos en que el capitalismo mundial profundiza al extremo las contradicciones entre acumulación capitalista y supervivencia de la especie, las estrategias represivas desarrolladas en Colombia son destinadas también a ser aplicadas en la región, lo que constituye una razón más para solidarizarse con el pueblo colombiano -además de las razones éticas.

TORTURAS: el asesinato de familiares como forma de tortura *

Sobre las torturas hay muchísimo que denunciar, las aberraciones cometidas contra los presos políticos se superan en horror unas a otras, y son cometidas al amparo del ostracismo e invisibilización: por ello la solidaridad con los presos políticos debe plantearse como una prioridad social. Hay presos que pasan años metidos en calabozos [7], hay golpizas, humillaciones, torturas físicas y sicológicas; hay presos empujados a la muerte porque se les niega la asistencia médica [8], presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos terminales que viven una tortura permanente, al serles negados incluso los medicamentos contra el dolor y al ser inmersos en patios llenos de paramilitares cuando están totalmente indefensos. Un caso revelador es el caso del preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por la negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en un pabellón lleno de paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH [9]. Igualmente hay varios presos políticos y de guerra que han sufrido el asesinato de sus familiares porque se han negado a fungir como falsos ‘testigos’ para la policía en los montajes judiciales contra líderes campesinos, sindicalistas y activistas sociales. Un caso de este drama es el del preso político Carlos Iván Peña Orjuela. Carlos Iván ha sido sometido a presión por parte la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe contra líderes campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego encarceló bajo montaje judicial a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño de 6 años. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncia:

“fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.” [10]. Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: “la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas’”[Ibíd.].

Tomado de Apia Virtual

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