Por Álvaro Delgado (Proceso)
La cooptación, domesticación y amordazamiento de las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes, por la vía de la transferencia de los recursos públicos y el reparto de cargos, es una práctica común en México, afirma el activista Eduardo Gallo, expresidente de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
El objetivo es claro: desnaturalizar las organizaciones cívicas para neutralizar el rechazo a las estrategias oficiales, como la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que sea menos sonoro el clamor social de seguridad, justicia y paz.
“Pero esto se da no sólo con dinero, sino con otras maneras: invitaciones a reuniones, eventos, comidas y cenas en las que es posible codearse con altos miembros del poder público, con el secretario de Gobernación o el procurador, que dan rápidamente un cita. Esto es muy seductor para quienes se marean al subirse a un ladrillo y desgraciadamente le ocurre a la mayoría.”
A Gallo –quien dice haber renunciado a MUCD por falta de transparencia y rendición de cuentas en ese organismo y por no canjear independencia por recursos públicos– le consta cómo los políticos buscan mediatizar la acción ciudadana también con el ofrecimiento de cargos y candidaturas.
No es sólo el caso de Elena Herrejón, presidenta de la organización Provecino, quien en 2006 fue candidata a senadora por Nueva Alianza (Panal, el partido de Elba Esther Gordillo), sino la propia experiencia de Gallo: el
