Delitos no graves de los acusados por el incendio
En Sonora, 9 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y particulares
Por el caso de la guardería, la PGR incluye a Marcia Gómez del Campo
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó hace tres días al juzgado primero de distrito con sede en Sonora órdenes de aprehensión por delitos no graves en contra de nueve personas, entre ellas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala– y Arturo Leyva Lizárraga, quien se desempeñaba como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa entidad.
Expedientes judiciales a los que ayer tuvo acceso La Jornada refieren que a los nueve inculpados se les acusa de ser presuntos responsables del homicidio culposo de los 48 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio en Hermosillo. También se les imputa el delito de cohecho, mientras que a los ex funcionarios se les agregó el cargo de ejercicio indebido del servicio público.
Como esos ilícitos no son considerados graves, la legislación penal federal concede al juez primero de distrito de Sonora (Raúl Martínez) 10 días hábiles para determinar si libra o niega la orden de captura. En caso de que se conceda, los presuntos responsables pueden solicitar la libertad provisional bajo caución o tramitar un amparo para librar la cárcel.
La causa penal 134/2009, abierta por el juzgado primero, precisa que los particulares inculpados son: Sandra Téllez Nieves (socia de la guardería); Gildardo Urquídez Serrano (socio); Marcelo Meouchi (ex apoderado legal de la estancia); Fernanda Camou Guillot (socia); Norma Mendoza Bermúdez (arrendadora del predio y bodegas donde se instaló la guardería); José Matiella Urquídes (actual apoderado legal) y Marcia Altagracia Gómez del Campo. Mientras que los ex servidores públicos son: Antonio Salido (esposo de la prima de Margarita Zavala y ex subdirector administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora) y el ex delegado del IMSS, Arturo Leyva.
Cinco de los acusados solicitaron la semana pasada la protección de la justicia federal y consiguieron del juzgado segundo de distrito, también de esa entidad, suspensiones provisionales contra cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, según consta en el expediente de amparo 623/2009.
Sin embargo, un abogado penalista –quien pidió anonimato– que defiende a Marcia Gómez del Campo explicó a este diario que las suspensiones con que cuentan algunos de los inculpados sólo les sirvieron para confirmar que la PGR ya había consignado la averiguación previa correspondiente, pero no los ampara contra la inminente orden de aprehensión, porque ésta “aún está en trámite. El juez de la causa en Sonora aún no obsequia la orden de aprehensión contra estos nueve indiciados. Hasta que se libre la orden podremos tramitar otro amparo y conseguir una suspensión contra ese acto reclamado, porque ese recurso no procede para hechos futuros o inciertos”, explicó el penalista.
En ese contexto, la tarde de ayer el procurador Eduardo Medina Mora dio lectura a un informe en el que reveló que el Ministerio Público Federal solicitó nueve órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios y de “los particulares que tienen relación con la guardería ABC, en términos patrimoniales y de representación”. El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa en la sede de la PGR en la ciudad de México, pero no precisó quiénes eran los consignados.
Apenas el martes pasado, en una visita oficial a Panamá, el presidente Felipe Calderón declaró que los responsables del incendio serán llevados ante la justicia “caiga quien caiga, tope donde tope”, sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas.
El mandatario aseguró que “en el caso de la PGR y del gobierno federal, no habrá impunidad para nadie. He dado instrucciones claras al procurador de que se procure y se haga justicia”.
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Medina Mora primero hizo un recuento del caso en el que 48 niños fallecieron. Luego recordó que “el 19 de junio de 2009, el Ministerio Público del fuero común de Sonora ejercitó acción penal contra 14 probables responsables por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, y el juez otorgó 13 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y del ayuntamiento de Hermosillo; de ellas, han sido cumplimentadas siete”.
En tanto, agregó, los días 19 y 22 de junio la PGR ejercitó acción penal en contra de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Sonora. Ellos son: las coordinadoras zonales Dalia Irene Botello Amante, Irma Crescencia Díaz Gómez y Yadira Barrera; Emigdio Martínez García, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, y Noemí López Sánchez, jefa del Departamento de Guarderías. A ellos se les atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público.
Sólo en dos casos han sido dictados autos de formal prisión y permanecen presos; ellos son Dalia Irene Botello Amante e Irma Crescencia Díaz Gómez. Esta última ya tiene concedido el beneficio de la libertad bajo fianza, sin que lo haya ejercido.
El procurador refirió también que “la reconstrucción de los hechos, criminalística de campo, análisis de las evidencias de laboratorio, determinación del sitio donde se inició la conflagración y su trayectoria”, además de diversos peritajes, “permitieron establecer indubitablemente que el incendio se inició y propagó desde la bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora” y que “las medidas de seguridad no se cumplieron y tampoco se supervisaron”.
Mencionó luego “el dictamen pericial en materia de seguridad industrial y protección civil, que señala que el diseño arquitectónico para el desalojo del inmueble en que se ubicaba la guardería, en caso de siniestro, no era el adecuado; la puerta de entrada principal no contaba con las dimensiones necesarias ni los dispositivos de fácil operación hacia afuera, como lo marca la normatividad.
“El inmueble carecía de extintores suficientes para atender una emergencia como la ocurrida y como lo requieren las normas jurídicas aplicables. El detector de humo no cumplía con las especificaciones. Las puertas de emergencia no tenían las dimensiones requeridas ni se abatían hacia afuera.
“El dictamen pericial de referencia concluye que las instalaciones de la guardería ABC, así como de las instalaciones en las que se ubicaban las dos bodegas contiguas pertenecientes a la Secretaría de Finanzas estatal, no cumplían con las condiciones de seguridad industrial de la normatividad de la materia, tanto federal como local y municipal, así como en materia de protección civil, conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil y su Reglamento para el estado de Sonora y la normatividad municipal aplicable”.
Medina Mora anunció: “La representación social de la Federación ha ejercitado acción penal por tercera ocasión en contra de nueve indiciados, servidores públicos del IMSS en la delegación de Sonora, así como particulares relacionados con la guardería ABC. De la consignación referida conoce el juzgado primero de distrito de Sonora, quien radicó la causa penal 134/2009″.
(Con información de Enrique Méndez, enviado, y Ulises Gutiérrez, corresponsal, La Jornada)
