Nadie sabe para quien trabaja (Sobre anular el voto)

Nulidad conformista

John M. Ackerman (La Jornada)

Nadie sabe para quién trabaja. Los “anulistas” de izquierda que buscan un cambio de raíz en la injusticia, corrupción y desigualdad del país verán que después del 5 de julio sus votos serán utilizados, en el mejor de los casos, para apoyar la realización de cambios institucionales superficiales o, en el peor escenario, para fortalecer agendas profundamente contrarias al interés público.

Si lo que se busca es sacudir el sistema político y obligar a los representantes populares a tomar en cuenta propuestas verdaderamente ciudadanas y progresistas, la mejor acción sería votar en contra de los dos partidos que han controlado el gobierno federal desde hace casi un siglo: el PRI y el PAN. También habría que decir “no” a los partidos patrimonialistas, como el Partido Verde, el Partido Social Demócrata y el Partido Nueva Alianza, que más parecen negocios familiares que “entidades de interés público”.

El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia evidentemente quedan muy lejos de la pureza, pero no por ello dejan de ser importantes vehículos con los que la ciudadanía cuenta para impulsar una transformación estructural del país.

Los líderes, organizaciones y propuestas del emergente movimiento del voto nulo no inspiran mayor confianza que los dirigentes y propuestas de los partidos políticos. Indiscutiblemente, ni Jesús Ortega, Andrés Manuel López Obrador ni Dante Delgado son unos santos. Ninguno de los tres nació ayer en política y todos están rodeados de numerosas figuras de dudosa trayectoria. Pero los intelectuales y las organizaciones que encabezan el movimiento por la anulación del voto tampoco son puros y, hay que decirlo, también tienen muchos amigos incómodos.

Las propuestas que han surgido del movimiento anulista no son particularmente innovadoras: relección legislativa, candidaturas independientes, reducción del tamaño de la Cámara de Diputados, disminución del financiamiento público para los partidos políticos, etcétera. Ninguna de estas propuestas contiene las semillas de una transformación radical en la forma de hacer política, y algunas incluso podrían implicar graves retrocesos.

Se dice, por ejemplo, que la relección legislativa fortalecería la rendición de cuentas de los legisladores porque tendrían que someterse al juicio ciudadano al final de sus mandatos. Sin embargo, la experiencia con la relección en Estados Unidos demuestra que este mecanismo más bien fortalece la influencia de los poderes fácticos sobre los legisladores, quienes los necesitan para financiar sus interminables campañas políticas.

La relección también abona a la creación de una clase política aún menos mutable que la nuestra, ya que permite la repetición ad infinitum de políticos profesionales en el mismo cargo.

La apertura a las candidaturas independientes tampoco garantizaría el acceso al poder de ciudadanos realmente autónomos. El desenlace más probable sería que solamente aquellos “ciudadanos” que contaran con grandes cantidades de dinero tendrían la posibilidad de ganar puestos de elección popular. Se abriría así la puerta a la elección de aún más diputados y senadores patrocinados por las principales televisoras y los poderes fácticos del país.

También existe la clara posibilidad de la cooptación del movimiento anulista por posiciones profundamente conservadoras. Ya Alejandro Martí y Jaime Sánchez Susarrey han anunciado sus intenciones de aprovechar el descontento ciudadano expresado en la anulación del voto para impulsar la derogación de la prohibición de la compra de propaganda electoral en la radio y la televisión. Por mucho que Denise Dresser, Sergio Aguayo y José Antonio Crespo se esfuercen por imprimir un sello progresista a los votos nulos, no hay duda de que las grandes televisoras presentarán estos votos como la expresión de un rotundo respaldo ciudadano a su causa.

En principio, existen importantes semejanzas entre el discurso de algunos anulistas y los posicionamientos de López Obrador. Ambos movimientos rechazan la clase política del país y exigen mayor rendición de cuentas de los gobernantes. Ambos esfuerzos buscan revindicar la voz de la sociedad y reincorporar los excluidos al sistema político.

La gran diferencia es que López Obrador habla en lenguaje claro ante plazas públicas llenas de los ciudadanos más marginados del país, mientras los anulistas se comunican por medio de blogs y publican columnas en diarios de circulación nacional. No hay, desde luego, ningún problema con la existencia de un movimiento “clasemediero” urbano apoyado por periodistas e intelectuales. Al contrario, habría que celebrar su existencia y esperar que rinda frutos positivos.

Sin embargo, un movimiento con tan poco arraigo social no tiene posibilidades de provocar la profunda transformación política que dice perseguir y que necesita el país. Si se busca enviar una clara señal de rechazo a la actual conducción política del país, lo mejor que se puede hacer es votar por alguno de los partidos de izquierda. De lo contrario, pronto podríamos encontrarnos con un bipartidismo conformista y una gran masa de ciudadanos anulados e incapaces de promover cambios políticos y sociales de fondo.

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